Consiste en revisar el cumplimiento de la normatividad legal, cambiaria y contable aplicable a la sociedad, sus estatutos y las decisiones del máximo órgano social de la entidad; razón por la cual en el informe del revisor fiscal se emite un concepto sobre si los actos administrativos se ajustan a las instrucciones del máximo órgano social y otros requerimientos legales aplicables en la materia.